En 2025, los funcionarios electos de todo el país comenzaron a tratar las compras de tecnología de vigilancia de manera diferente: no como adquisiciones administrativas inevitables gestionadas por los departamentos de policía, sino como decisiones políticas sujetas a la supervisión del concejo y a la presión de los electores. Este cambio resultó ser la estrategia de antivigilancia más eficaz del año.

Desde febrero, al menos 23 jurisdicciones pusieron fin, cancelaron o rechazaron por completo los programas ALPR de Flock Safety (entre ellas Austin, Oak Park, Evanston, el condado de Hays, San Marcos, Eugene, Springfield y Denver) al reconocer que la adquisición de tecnología de vigilancia es un poder político, no una rutina administrativa.

Prácticas heredadas y ofuscación

Durante décadas, las ciudades han estado atrapadas en lo que los investigadores denominan «prácticas de adquisición heredadas»: normas administrativas que dan prioridad a la «eficiencia» y a los «umbrales de costos» por encima de la revisión democrática.

Los proveedores aprovechan esta inercia a través de la «laguna de los programas piloto». Como señalan Taraaz y el Centro de Investigación Colaborativa para la Resiliencia (CRCR) en un informe reciente, las «ofertas sin costo» y las pruebas gratuitas permiten a los departamentos de policía eludir por completo los canales de adquisición formales. Cuando llega el momento de pagar la factura, la vigilancia ya se ha normalizado en la comunidad, lo que convierte la decisión de compra en una «continuidad del servicio» que es políticamente difícil de detener.

Esta burocracia oculta el poder que los proveedores de vigilancia tienen sobre las decisiones de adquisición municipales. Como detalla Arti Walker-Peddakotla, se trata de una estrategia deliberada. Walker-Peddakotla explica cómo los proveedores se aseguran la «aquiescencia» ocultando la naturaleza política de la vigilancia tras velos administrativos: enmarcando las herramientas como «multiplicadores de fuerza» y enterrando los contratos en agendas de consentimiento. Para los representantes locales elegidos, la presión para «externalizar» la toma de decisiones gubernamentales hace que el marketing de los proveedores resulte atractivo. Los proveedores utilizan acuerdos de «compra cooperativa» para eludir la licitación competitiva, privatizando de hecho el proceso de elaboración de políticas.

El resultado es una peligrosa «asimetría de información» en la que las ciudades pasan a depender de los proveedores para tomar decisiones críticas sobre la gobernanza de los datos. Las cancelaciones de 2025 rompieron finalmente esa dinámica.

El momento de la contratación pública

Este año, las ciudades dejaron de aceptar este marco «administrativo». El cambio se produjo por la convergencia de tres fuerzas: los resultados de las auditorías que pusieron de manifiesto la falta de garantías de Flock, la creciente presión de las organizaciones comunitarias y el reconocimiento por parte de los funcionarios electos de que decir «no» a la renovación no era solo una opción, sino la decisión responsable.

Cuando Austin dejó que su programa piloto Flock expirara el 1 de julio, la decisión reflejó un juicio político: los electores rechazaron una red nacional utilizada para la aplicación de las leyes de inmigración. No fue un debate sobre las tasas de retención, sino una negativa a renovar.

Estas cancelaciones fueron también actos de gestión fiscal. Al exigir pruebas de eficacia (y no recibir ninguna), los funcionarios del condado de Hays (Texas) y de San Marcos (Texas) rechazaron el mito del «multiplicador de fuerza». Trataron el rechazo de una tecnología no probada no solo como activismo, sino como un deber fiduciario básico. En Oak Park (Illinois), los administradores cancelaron ocho cámaras después de que una auditoría revelara que Flock carecía de medidas de seguridad, mientras que Evanston puso fin a su red de 19 cámaras poco después. Eugene y Springfield, en Oregón, cancelaron un total de 82 cámaras en diciembre. Los representantes electos de las ciudades también se han dado cuenta de que cada renovación es un voto a favor del «bloqueo del proveedor» (vendor lock-in). Como advierte EPIC, una vez que los sistemas propietarios se afianzan, las ciudades pierden la propiedad de sus propios datos de seguridad pública, lo que hace casi imposible cambiar de proveedor o exigir transparencia más adelante.

El cambio no fue universal. Denver ilustró la tensión cuando el alcalde Mike Johnston anuló el rechazo unánime del concejo para prorrogar el contrato de Flock. La concejala Sarah Parady identificó acertadamente esto como «vigilancia masiva» impuesta «sin proceso público». Esta es precisamente la razón por la que hay que recuperar la contratación pública: cuando se trata como una cuestión técnica, los proveedores de vigilancia controlan el debate; cuando se reconoce como una cuestión política, los electores ganan influencia.

Las ciudades se mantienen firmes contra la vigilancia masiva

La EFF lleva años documentando cómo las adquisiciones funcionan como palanca para la expansión de la vigilancia, desde nuestro trabajo documentando las preocupantes prácticas de intercambio de datos de Flock Safety con el ICE y las fuerzas del orden federales hasta nuestra defensa más amplia de la reforma de las adquisiciones de tecnología de vigilancia. Las victorias de 2025 demuestran que cuando las ciudades entienden las adquisiciones como algo político y no técnico, pueden decir que no. El poder de adquisición puede ser la vía más directa para detener la vigilancia masiva.

A medida que las ciudades avanzan hacia 2026, la lección es clara: la vigilancia es una opción, no una obligación, y tu comunidad tiene el poder de rechazarla. La cuestión no es si la tecnología puede vigilar de forma más eficaz, sino si tu comunidad quiere ser vigilada de esta manera. Esa decisión corresponde a los ciudadanos, no a los proveedores.

Este artículo forma parte de nuestra serie «Resumen del 2025». Lee otros artículos sobre la lucha por los derechos digitales en 2025.